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El 20 de noviembre de 1.989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente, derechos que la reforma constitucional de 1994 incorporó a la legislación argentina.
A las normas legales de protección existentes se suman desde la retórica, frases tales como: “Los únicos privilegiados son los niños” o “Los niños son el futuro…”
Resulta oportuno preguntarse:
¿Por qué razones se violan en forma constante los Derechos de la niñez?
¿Qué hacen autoridades y entidades para protegerlos?
¿Son reales los privilegios que tantas veces se pregonan?
¿Es posible pensar en un futuro digno y positivo, con un presente signado por las postergaciones, la marginalidad y la violencia?
Hambre, miseria, discriminación, crecimiento de la mortalidad infantil, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, violaciones y abusos, prostitución, embarazos precoces, conflictos familiares, mendicidad y accidentes hogareños resultan hechos que a diario afectan a la minoridad.
Las circunstancias anteriormente descriptas, son signos de una sociedad enferma y “ocupada” en otras cuestiones; donde muchas veces la indiferencia surge como respuesta a una realidad abrumadora: cada vez son más los niños postergados, mayores los riesgos que deben afrontar y más efímeras las posibilidades de acceder no ya a un futuro digno, sino a ser dueños de un presente que los contenga y contemple responsablemente.
En la formalidad de sus conceptos la Ley señala que: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño, sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres, tutores o de sus familiares.”
Si se transgreden impunemente, se eluden o no se consideran en su forma debida; en definitiva sino se las respetan: las leyes, quedan resumidas a cuestiones formales que no aportan desde la práctica a la solución de los conflictos y que, lejos de beneficiar, indigna y sume en el desamparo al sector más vulnerable, al mismo que tiene obligación de defender y proteger.
Las nuevas estructuras existentes en la Provincia de Buenos Aires ya no hablan de “judicialización de los menores”; un nuevo título asegura “promocionar y proteger” sus derechos.
En muchos sitios las nuevas normas forman parte de una “cáscara” vacía de contenido y carente (en muchos casos) de medios técnicos, humanos, infraestructura y recursos para ocuparse del enorme “rosario de problemas” que golpean a los menores y sus familias.
Voluminosas páginas plagadas de datos, cifras alarmantes y en crecimiento, documentos de variada índole y múltiples denuncias reflejan con propiedad la situación real.
En nombre de la “universalización de los derechos humanos”, se necesita de la adopción de urgentes medidas, que tiendan a solucionar tan angustiantes padecimientos.
El incumplimiento de disposiciones y la desprotección en la que vive un gran sector de la niñez, de igual modo la violencia (en sus diversas formas) que se ejerce sobre ella, señala con claridad que quienes deben “promover acciones para modificar estos males”, los mayores, son los primeros en violarlas.
Miles de sufridos niños comprueban en el día a día que “sus derechos” no son tales y que el luminoso porvenir anunciado tantas veces no es, sino “una triste y lacerante realidad”.
A las normas legales de protección existentes se suman desde la retórica, frases tales como: “Los únicos privilegiados son los niños” o “Los niños son el futuro…”
Resulta oportuno preguntarse:
¿Por qué razones se violan en forma constante los Derechos de la niñez?
¿Qué hacen autoridades y entidades para protegerlos?
¿Son reales los privilegios que tantas veces se pregonan?
¿Es posible pensar en un futuro digno y positivo, con un presente signado por las postergaciones, la marginalidad y la violencia?
Hambre, miseria, discriminación, crecimiento de la mortalidad infantil, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, violaciones y abusos, prostitución, embarazos precoces, conflictos familiares, mendicidad y accidentes hogareños resultan hechos que a diario afectan a la minoridad.
Las circunstancias anteriormente descriptas, son signos de una sociedad enferma y “ocupada” en otras cuestiones; donde muchas veces la indiferencia surge como respuesta a una realidad abrumadora: cada vez son más los niños postergados, mayores los riesgos que deben afrontar y más efímeras las posibilidades de acceder no ya a un futuro digno, sino a ser dueños de un presente que los contenga y contemple responsablemente.
En la formalidad de sus conceptos la Ley señala que: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño, sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres, tutores o de sus familiares.”
Si se transgreden impunemente, se eluden o no se consideran en su forma debida; en definitiva sino se las respetan: las leyes, quedan resumidas a cuestiones formales que no aportan desde la práctica a la solución de los conflictos y que, lejos de beneficiar, indigna y sume en el desamparo al sector más vulnerable, al mismo que tiene obligación de defender y proteger.
Las nuevas estructuras existentes en la Provincia de Buenos Aires ya no hablan de “judicialización de los menores”; un nuevo título asegura “promocionar y proteger” sus derechos.
En muchos sitios las nuevas normas forman parte de una “cáscara” vacía de contenido y carente (en muchos casos) de medios técnicos, humanos, infraestructura y recursos para ocuparse del enorme “rosario de problemas” que golpean a los menores y sus familias.
Voluminosas páginas plagadas de datos, cifras alarmantes y en crecimiento, documentos de variada índole y múltiples denuncias reflejan con propiedad la situación real.
En nombre de la “universalización de los derechos humanos”, se necesita de la adopción de urgentes medidas, que tiendan a solucionar tan angustiantes padecimientos.
El incumplimiento de disposiciones y la desprotección en la que vive un gran sector de la niñez, de igual modo la violencia (en sus diversas formas) que se ejerce sobre ella, señala con claridad que quienes deben “promover acciones para modificar estos males”, los mayores, son los primeros en violarlas.
Miles de sufridos niños comprueban en el día a día que “sus derechos” no son tales y que el luminoso porvenir anunciado tantas veces no es, sino “una triste y lacerante realidad”.
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