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Según trascendió ayer, una vez que Achilli concurra al tribunal y brinde su declaración, a mediados del mes de agosto, se iniciará la etapa de los alegatos.
Según trascendió, en favor de la cooperativa local declararon ayer el actual presidente del consejo directivo, Juan Sorensen, y María Ester Larsen. No declararon, en tanto, otros citados a declarar como testigos de parte de la entidad: Pedro García, Eugenio Tau y Roberto Campión.
A pesar de que Achilli no se presentó a declarar de parte de Caramelli, sí lo hicieron un médico neurólogo y Armando Espósito, ex integrante de la comisión directiva de la cooperativa, en el tiempo en que Caramelli se desempeñaba como gerente.
Según allegados a la causa, la audiencia se desarrolló en un marco de cordialidad entre las partes, y sin que Caramelli hiciera mención alguna a las distintas marchas populares que los empleados de la entidad del balneario realizaron oportunamente, en apoyo de su fuente laboral.
El demandante, Pedro Raúl Caramelli, ingresó a la Cooperativa Telefónica en 1972 y llegó al cargo de gerente en 1980.
En ese cargo se desempeñó hasta que el 22 de noviembre de 1993 solicitó licencia laboral por sufrir --tal como lo argumentó-- trastornos distímicos y neurosis depresiva de desarrollo fóbico, lo que corrientemente se denomina fobia laboral.
Las afecciones fueron constatadas por certificados médicos extendidos en forma mensual, hasta que Caramelli decidió reincorporarse a sus funciones "por razones estrictamente jurídicas, pese a que el consejo médico sugería seguir con el tratamiento". Ello ocurrió el 23 de noviembre de 1995.
Sin embargo, el 1 de diciembre de ese año, Caramelli se dio por despedido dado que en su ausencia se había designado --presuntamente, fuera de lo reglamentado por los estatutos-- un gerente general que estaba por encima de sus propias funciones.
El 7 de octubre de 1999 la Justicia Laboral dispuso que la cooperativa indemnizara a Caramelli con 110 mil pesos. Además, la entidad tuvo que pagar 80 mil de honorarios profesionales, 32 mil de intereses y 25 mil de tasas judiciales.
Posteriormente, el ex gerente inició otra demanda contra la entidad, en este caso por "daño físico y moral", originalmente por una cifra superior a los 616 mil pesos.
La cooperativa rechazó esa demanda por considerar que había prescripto, aunque la Justicia volvió a fallar contra la entidad. De esta forma, quedó el camino abierto para la demanda de Caramelli por una cifra que, a valores actualizados, muchos suponen que sería varias veces superior a la cifra original de 616 mil pesos.
Conscientes de que perder un juicio de este tenor pondría un serio problema económico a la Cooperativa Telefónica, en los últimos meses los empleados de la entidad realizaron dos manifestaciones.
La primera tuvo lugar el 20 de mayo pasado, y constituyó un hecho inédito en la vida de esta ciudad, ya que autoridades políticas, vecinos y empleados de la Cooperativa Telefónica se unieron para pedir públicamente a Caramelli que retire la demanda laboral que, por la magnitud del monto resarcitorio que se reclama, podría provocar la quiebra de la entidad.
La "sentada" en defensa de la institución --que ha sido promotora de obras de gran relevancia para el distrito-- fue encabezada por unos 40 empleados de la institución, vecinos y hasta el propio intendente Alejandro Dichiara, entre otros funcionarios.
La segunda manifestación --ocurrida el 7 de este mes-- consistió en una marcha de silencio por las calles del balneario, con la asistencia de empleados y algunos funcionarios públicos.
Según trascendió, en favor de la cooperativa local declararon ayer el actual presidente del consejo directivo, Juan Sorensen, y María Ester Larsen. No declararon, en tanto, otros citados a declarar como testigos de parte de la entidad: Pedro García, Eugenio Tau y Roberto Campión.
A pesar de que Achilli no se presentó a declarar de parte de Caramelli, sí lo hicieron un médico neurólogo y Armando Espósito, ex integrante de la comisión directiva de la cooperativa, en el tiempo en que Caramelli se desempeñaba como gerente.
Según allegados a la causa, la audiencia se desarrolló en un marco de cordialidad entre las partes, y sin que Caramelli hiciera mención alguna a las distintas marchas populares que los empleados de la entidad del balneario realizaron oportunamente, en apoyo de su fuente laboral.
El demandante, Pedro Raúl Caramelli, ingresó a la Cooperativa Telefónica en 1972 y llegó al cargo de gerente en 1980.
En ese cargo se desempeñó hasta que el 22 de noviembre de 1993 solicitó licencia laboral por sufrir --tal como lo argumentó-- trastornos distímicos y neurosis depresiva de desarrollo fóbico, lo que corrientemente se denomina fobia laboral.
Las afecciones fueron constatadas por certificados médicos extendidos en forma mensual, hasta que Caramelli decidió reincorporarse a sus funciones "por razones estrictamente jurídicas, pese a que el consejo médico sugería seguir con el tratamiento". Ello ocurrió el 23 de noviembre de 1995.
Sin embargo, el 1 de diciembre de ese año, Caramelli se dio por despedido dado que en su ausencia se había designado --presuntamente, fuera de lo reglamentado por los estatutos-- un gerente general que estaba por encima de sus propias funciones.
El 7 de octubre de 1999 la Justicia Laboral dispuso que la cooperativa indemnizara a Caramelli con 110 mil pesos. Además, la entidad tuvo que pagar 80 mil de honorarios profesionales, 32 mil de intereses y 25 mil de tasas judiciales.
Posteriormente, el ex gerente inició otra demanda contra la entidad, en este caso por "daño físico y moral", originalmente por una cifra superior a los 616 mil pesos.
La cooperativa rechazó esa demanda por considerar que había prescripto, aunque la Justicia volvió a fallar contra la entidad. De esta forma, quedó el camino abierto para la demanda de Caramelli por una cifra que, a valores actualizados, muchos suponen que sería varias veces superior a la cifra original de 616 mil pesos.
Conscientes de que perder un juicio de este tenor pondría un serio problema económico a la Cooperativa Telefónica, en los últimos meses los empleados de la entidad realizaron dos manifestaciones.
La primera tuvo lugar el 20 de mayo pasado, y constituyó un hecho inédito en la vida de esta ciudad, ya que autoridades políticas, vecinos y empleados de la Cooperativa Telefónica se unieron para pedir públicamente a Caramelli que retire la demanda laboral que, por la magnitud del monto resarcitorio que se reclama, podría provocar la quiebra de la entidad.
La "sentada" en defensa de la institución --que ha sido promotora de obras de gran relevancia para el distrito-- fue encabezada por unos 40 empleados de la institución, vecinos y hasta el propio intendente Alejandro Dichiara, entre otros funcionarios.
La segunda manifestación --ocurrida el 7 de este mes-- consistió en una marcha de silencio por las calles del balneario, con la asistencia de empleados y algunos funcionarios públicos.
