Mucho se habla de la independencia de poderes, de las bondades “desaprovechadas” que nos debiera proporcionar la estructura federal de nuestro sistema de gobierno, de las autonomías provinciales y municipales y de las indebidas injerencias o incluso el avasallamiento, de algunos poderes sobre otros.
Generalmente se dice que los municipios se encuentran supeditados a las decisiones políticas y administrativas de las provincias a los que pertenecen e incluso a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, no menos cierto es, que muchos municipios, se las arreglan muy bien a la hora de pasarse por los fundillos de su propia burocracia, innumerables disposiciones y leyes que forman parte del cuerpo normativo de nuestra legislación provincial y nacional.
No siempre se da el caso que la estructura más grande termine invadiendo las atribuciones de la más pequeña. En ciertos temas, en ciertos lugares, ocurre exactamente lo contrario.
Un ejemplo específico de lo que refiero, es, específicamente, a la caza de las especies de aves migratorias protegidas por la Ley Nacional Nº 22.421 e incluidas en el Apéndice I de la Convención de Bonn ‘‘Protección de Especies Migratorias’’.
Sin vueltas: los cauquenes.
Pareciera que a algunos funcionarios, no les importara lo que diga o no diga el texto de la ley y que lo único que toman en consideración, a la hora de decidir si deben o no deben actuar, es que esta actividad, clara e inobjetablemente ilegal, “fomenta el turismo”.
Si amigo lector, ese es el argumento que a uno le dan, extraoficialmente, los encargados de hacer cumplir las leyes, cuando se les pregunta porque miran para otro lado.
Parece un disparate… pero es así.
Y lo más interesante es que lo que estoy afirmando no requiere de ninguna prueba o testimonio adicional, porque todo el pueblo ha sido testigo de este hecho, viendo con ingenua curiosidad, como durante los meses de mayo y junio de cada año, comienzan a transitar por nuestro centro, con total desparpajo, diferentes grupos de “cazadores”, compuestos por extranjeros que vistiendo ropas camufladas y portando escopetas de grueso calibre, se pasean, almuerzan y cenan en reconocidos establecimientos gastronómicos de nuestra ciudad.
Conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes provinciales y nacionales, es una responsabilidad de todos los ciudadanos y una obligación expresa para quienes ejercen un cargo público.
No es atribución del estado municipal, el discriminar entre las leyes que le conviene y las que no le conviene respetar. Las leyes y obviamente también los tratados internacionales suscriptos por nuestra República, están por encima de cualquier ordenanza municipal y no velar por su efectivo cumplimiento, no constituye una opción legítima de un gobierno local, sino que lisa y llanamente, es incurrir por lo menos en un delito, el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y esto, como ya dije, sólo para comenzar, porque ciertas oportunas omisiones, fundamentan presunciones mucho más graves que el simple hecho de “hacer la vista gorda”.
Ahora bien, en estas líneas, donde no abundan las sutilezas, ni mucho menos los eufemismos, exijo como simple ciudadano y a las autoridades que correspondan, el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia, en buen romance y para que se entienda: no quiero ver un sólo “cazador” más, ni argentino, ni extranjero, violando impunemente nuestras leyes, en la cara de nuestra comunidad.
Generalmente se dice que los municipios se encuentran supeditados a las decisiones políticas y administrativas de las provincias a los que pertenecen e incluso a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, no menos cierto es, que muchos municipios, se las arreglan muy bien a la hora de pasarse por los fundillos de su propia burocracia, innumerables disposiciones y leyes que forman parte del cuerpo normativo de nuestra legislación provincial y nacional.
No siempre se da el caso que la estructura más grande termine invadiendo las atribuciones de la más pequeña. En ciertos temas, en ciertos lugares, ocurre exactamente lo contrario.
Un ejemplo específico de lo que refiero, es, específicamente, a la caza de las especies de aves migratorias protegidas por la Ley Nacional Nº 22.421 e incluidas en el Apéndice I de la Convención de Bonn ‘‘Protección de Especies Migratorias’’.
Sin vueltas: los cauquenes.
Pareciera que a algunos funcionarios, no les importara lo que diga o no diga el texto de la ley y que lo único que toman en consideración, a la hora de decidir si deben o no deben actuar, es que esta actividad, clara e inobjetablemente ilegal, “fomenta el turismo”.
Si amigo lector, ese es el argumento que a uno le dan, extraoficialmente, los encargados de hacer cumplir las leyes, cuando se les pregunta porque miran para otro lado.
Parece un disparate… pero es así.
Y lo más interesante es que lo que estoy afirmando no requiere de ninguna prueba o testimonio adicional, porque todo el pueblo ha sido testigo de este hecho, viendo con ingenua curiosidad, como durante los meses de mayo y junio de cada año, comienzan a transitar por nuestro centro, con total desparpajo, diferentes grupos de “cazadores”, compuestos por extranjeros que vistiendo ropas camufladas y portando escopetas de grueso calibre, se pasean, almuerzan y cenan en reconocidos establecimientos gastronómicos de nuestra ciudad.
Conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes provinciales y nacionales, es una responsabilidad de todos los ciudadanos y una obligación expresa para quienes ejercen un cargo público.
No es atribución del estado municipal, el discriminar entre las leyes que le conviene y las que no le conviene respetar. Las leyes y obviamente también los tratados internacionales suscriptos por nuestra República, están por encima de cualquier ordenanza municipal y no velar por su efectivo cumplimiento, no constituye una opción legítima de un gobierno local, sino que lisa y llanamente, es incurrir por lo menos en un delito, el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y esto, como ya dije, sólo para comenzar, porque ciertas oportunas omisiones, fundamentan presunciones mucho más graves que el simple hecho de “hacer la vista gorda”.
Ahora bien, en estas líneas, donde no abundan las sutilezas, ni mucho menos los eufemismos, exijo como simple ciudadano y a las autoridades que correspondan, el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia, en buen romance y para que se entienda: no quiero ver un sólo “cazador” más, ni argentino, ni extranjero, violando impunemente nuestras leyes, en la cara de nuestra comunidad.
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