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Documento del 24 de marzo de 2.010
A treinta y cuatro años del golpe genocida, estamos aquí con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria. Estamos en esta Plaza comprometidos con esos mismos ideales, a tres años y medio de la desaparición de Julio López y en el marco de una crisis económica que está pagando nuestro pueblo, para decir muy fuerte
30.000 compañeros detenidos - desaparecidos presentes.
Y en eso estamos hoy, en esta Plaza, estamos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, estamos reivindicando sus ideales y estamos continuando su lucha
Treinta y cuatro años se cumplen hoy del golpe de estado de 1976. Treinta cuatro años llevamos repudiando ese día.
Repudiando el terrorismo de estado como método de aniquilamiento de decenas de miles de compañeros; repudiando la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato. Método de aniquilamiento que comenzó a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con los crímenes cometidos por la Triple A, algunos de cuyos integrantes, en nuestra ciudad, ocupan magistraturas, cargos académicos y siguen impunes.
Treinta y cuatro años llevamos repudiando el secuestro y tormento de niños, los vuelos de la muerte en que los secuestrados eran arrojados vivos al mar, la tortura a las embarazadas y el robo y la apropiación de sus hijos.
Repudiando la política que la dictadura impuso: de enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de brutal endeudamiento externo, de cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, de violación sistemática de todos los derechos humanos, sociales y civiles.
Denunciando al poder económico proimperialista, a los banqueros y a la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe, a las empresas y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos enteros de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Repudiando a la dictadura genocida, que para implantar ese modelo político-económico ejecutó, instalando más de 500 campos de concentración a lo largo y ancho del país, un plan sistemático de aniquilamiento de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, insiliados fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado.
El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo: Cuerpos de Delegados, Centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Se propuso terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.
Treinta y cuatro años llevamos repudiando la brutal represión, perfectamente planificada, racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio.
Genocidio, así lo hemos llamado durante años, así debemos seguir gritándolo en las calles y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales.
Genocidio que en 1983 Alfonsín pretendió ocultar detrás de la teoría de los dos demonios, para justificar apenas unos años más tarde, las infames leyes de impunidad.
Los años del menemismo profundizaron aún más la impunidad de los represores con los indultos y alumbraron lo que puede llamarse el genocidio económico: el de la desocupación, la miseria y el hambre para millones como producto de la entrega de los recursos naturales y del patrimonio nacional, y del remate de la industria.
Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, la heroica resistencia de nuestro pueblo, las históricas huelgas, fueron trazando un camino que llegó hasta el multitudinario acto del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe genocida, y a las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bisagra que abrió una nueva etapa en la historia de nuestro país.
Con todos estos años de lucha hemos logrado demostrar que es mentira la teoría de los dos demonios, anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabrir las causas contra los genocidas. También hemos conseguido abrir un debate imprescindible para reconstruir los lazos sociales que la dictadura intentó destruir.
El movimiento popular organizado reconoce estos triunfos como el producto de su lucha de más de treinta años contra la impunidad. Lucha en la que supimos unir el reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer con la exigencia de terminar con la impunidad de hoy; en la que fue posible instalar esta fecha, 24 de marzo, como fecha simbólica de demanda de la plena vigencia de derechos entendidos como una totalidad: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.
Por ellos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos, decimos:
¡Cárcel común ya a todos los genocidas!
Porque a pesar de lo que dice el Gobierno, a más de 6 años y medio de anuladas las leyes de impunidad, la mayoría de los genocidas procesados y aún los condenados, están excarcelados o siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares.
Jueces y fiscales que provienen de la dictadura son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas. Cientos de causas están literalmente paralizadas, sin ningún imputado después de años de instrucción. Debemos seguir exigiendo al Gobierno, a los legisladores y a la Suprema Corte de Justicia una modificación inmediata de esta situación.
Salvo excepciones, los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Solo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos.
Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban. La Suprema Corte debe hacerse cargo de realidad.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una enérgica decisión política y plena participación y compromiso de todos.
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son otra de las pruebas de que con discursos no alcanza. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada, desaparecida. Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes.
Por eso repetimos, aquí en esta plaza, que por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos: exigimos cárcel común y efectiva YA! a todos los genocidas.
9.026 miembros de la bonaerense siguen vistiendo el uniforme no obstante encontrarse sumariados y acusados de graves delitos: gatillo fácil, corrupción, tráfico de personas, narcotráfico, juego clandestino, prostitución.
Para los 400.000 jóvenes que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires les niega educación, vivienda, salud, trabajo y proyecto de vida digno, el gobernador Scioli propone mayor represión, la “ley del merodeo”, la baja de edad de imputabilidad, vía reforma de código contravencional. En manos de esta policía confía el gobierno bonaerense llevar adelante este proyecto.
La impunidad permitió que esos genocidas libres secuestraran a Jorge Julio López que hoy, tres años y medio después, sigue desaparecido.
Hombres que visten este uniforme asesinaron a Luciano Gallo, de quien seguiremos exigiendo justicia.
La impunidad permite que estas fuerzas de seguridad sean las encargadas de criminalizar la protesta social, asesinos con licencia que cegaron la vida de Kosteki y Santillán, entre tantos compañeros caídos, y la del compañero Carlos Fuentealba.
La impunidad de ayer y la de hoy en carne viva: quienes en 1976 torturaron a Julio en el Pozo de Arana, libres e intocados por la justicia casi todos. Quienes lo desaparecieron hace tres años y medio caminan libres por las calles gozando de total impunidad.
Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año y medio para apartar a la Bonaerense de la investigación.
Dos años para que, por fin, algún funcionario judicial lea la causa completa y comience a seguir las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares.
Cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, el juez Corazza se excusa y el nuevo juez –un juez de la dictadura- aparta al secretario y otra vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad cómplices del Poder Ejecutivo.
Nosotros, hoy, en esta plaza, tal como venimos haciendo desde hace tres años y medio, seguimos marchando, seguimos luchando, seguimos denunciando.
Seguimos exigiendo al Gobierno aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga.
Como cada año, en este 24 de marzo unimos el reclamo de cárcel para los genocidas de ayer, que siguen secuestrando y desapareciendo hoy, con la demanda de la plena vigencia de los derechos de nuestro pueblo. Derechos que defendemos en su totalidad y que corren graves peligros este año en que el país está inmerso en la crisis capitalista internacional a la que se suma la crisis interna que el gobierno y las grandes patronales descargan sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Tarifazos, despidos y suspensiones son las primeras consecuencias de la dirección que se pretende imponer para salir de esta situación sin tocar a los verdaderos responsables de la crisis, que se enriquecieron durante todos estos años.
La desocupación vuelve a crecer violentamente y la única preocupación del Gobierno y de la oposición de derecha es como mantener la tasa de ganancia de los grandes empresarios.
Las cifras ridículas publicadas por el INDEC intervenido hace más de tres años, sólo sirven para simular una realidad inexistente, cuando cada día son más las familias que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, mientras por la vía de los aumentos de precios no reconocidos se transfiere la riqueza del pueblo a los bancos y a las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria.
Exigimos al gobierno el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.
Rechazamos el falso debate, pagar con reservas o ajuste, el que paga siempre es el mismo.
No se puede privilegiar la exigencia de los acredeedores externos, en vez de solucionar las necesidades imperiosas de nuestro pueblo.
El poder económico dominante pretende aplastar toda posibilidad de proyecto popular que impulse el desarrollo económico autónomo en la región.
El golpe de estado en Honduras, la ocupación militar en el sufrido pueblo haitiano, el frustrado golpe de la derecha en Bolivia, las agresiones militares hacia Venezuela y Nicaragua, tienen un común denominador, la estrecha alianza entre las oligarquías internas y el imperio norteamericano.
Diferentes métodos pero el mismo objetivo de siempre, el plan Cóndor parece tan vigente como hace cuatro décadas.
Seguimos sufriendo la agresión a nuestra soberanía en Malvinas y la explotación de los recursos naturales.
Y porque seguimos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, porque defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y de sus hijos, reclamamos:
Que la crisis la paguen las grandes patronales, los monopolios, los banqueros y los terratenientes
No al pago de la deuda externa,
No a la extranjerización y concentración de la tierra,
Nacionalización de los recursos naturales,
No a los acuerdos con el FMI, el Club de París y demás organismos internacionales de crédito.
Fuera ingleses de Malvinas
Rrepudio a la presencia del Portaviones norteamericano en Puerto Belgrano
No a la criminalización de la protesta social.
A treinta y cuatro años del golpe genocida, estamos aquí con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria. Estamos en esta Plaza comprometidos con esos mismos ideales, a tres años y medio de la desaparición de Julio López y en el marco de una crisis económica que está pagando nuestro pueblo, para decir muy fuerte
30.000 compañeros detenidos - desaparecidos presentes.
Y en eso estamos hoy, en esta Plaza, estamos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, estamos reivindicando sus ideales y estamos continuando su lucha
Treinta y cuatro años se cumplen hoy del golpe de estado de 1976. Treinta cuatro años llevamos repudiando ese día.
Repudiando el terrorismo de estado como método de aniquilamiento de decenas de miles de compañeros; repudiando la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato. Método de aniquilamiento que comenzó a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con los crímenes cometidos por la Triple A, algunos de cuyos integrantes, en nuestra ciudad, ocupan magistraturas, cargos académicos y siguen impunes.
Treinta y cuatro años llevamos repudiando el secuestro y tormento de niños, los vuelos de la muerte en que los secuestrados eran arrojados vivos al mar, la tortura a las embarazadas y el robo y la apropiación de sus hijos.
Repudiando la política que la dictadura impuso: de enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de brutal endeudamiento externo, de cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, de violación sistemática de todos los derechos humanos, sociales y civiles.
Denunciando al poder económico proimperialista, a los banqueros y a la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe, a las empresas y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos enteros de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Repudiando a la dictadura genocida, que para implantar ese modelo político-económico ejecutó, instalando más de 500 campos de concentración a lo largo y ancho del país, un plan sistemático de aniquilamiento de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, insiliados fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado.
El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo: Cuerpos de Delegados, Centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Se propuso terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.
Treinta y cuatro años llevamos repudiando la brutal represión, perfectamente planificada, racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio.
Genocidio, así lo hemos llamado durante años, así debemos seguir gritándolo en las calles y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales.
Genocidio que en 1983 Alfonsín pretendió ocultar detrás de la teoría de los dos demonios, para justificar apenas unos años más tarde, las infames leyes de impunidad.
Los años del menemismo profundizaron aún más la impunidad de los represores con los indultos y alumbraron lo que puede llamarse el genocidio económico: el de la desocupación, la miseria y el hambre para millones como producto de la entrega de los recursos naturales y del patrimonio nacional, y del remate de la industria.
Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, la heroica resistencia de nuestro pueblo, las históricas huelgas, fueron trazando un camino que llegó hasta el multitudinario acto del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe genocida, y a las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bisagra que abrió una nueva etapa en la historia de nuestro país.
Con todos estos años de lucha hemos logrado demostrar que es mentira la teoría de los dos demonios, anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabrir las causas contra los genocidas. También hemos conseguido abrir un debate imprescindible para reconstruir los lazos sociales que la dictadura intentó destruir.
El movimiento popular organizado reconoce estos triunfos como el producto de su lucha de más de treinta años contra la impunidad. Lucha en la que supimos unir el reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer con la exigencia de terminar con la impunidad de hoy; en la que fue posible instalar esta fecha, 24 de marzo, como fecha simbólica de demanda de la plena vigencia de derechos entendidos como una totalidad: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.
Por ellos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos, decimos:
¡Cárcel común ya a todos los genocidas!
Porque a pesar de lo que dice el Gobierno, a más de 6 años y medio de anuladas las leyes de impunidad, la mayoría de los genocidas procesados y aún los condenados, están excarcelados o siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares.
Jueces y fiscales que provienen de la dictadura son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas. Cientos de causas están literalmente paralizadas, sin ningún imputado después de años de instrucción. Debemos seguir exigiendo al Gobierno, a los legisladores y a la Suprema Corte de Justicia una modificación inmediata de esta situación.
Salvo excepciones, los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Solo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos.
Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban. La Suprema Corte debe hacerse cargo de realidad.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una enérgica decisión política y plena participación y compromiso de todos.
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son otra de las pruebas de que con discursos no alcanza. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada, desaparecida. Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes.
Por eso repetimos, aquí en esta plaza, que por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos: exigimos cárcel común y efectiva YA! a todos los genocidas.
9.026 miembros de la bonaerense siguen vistiendo el uniforme no obstante encontrarse sumariados y acusados de graves delitos: gatillo fácil, corrupción, tráfico de personas, narcotráfico, juego clandestino, prostitución.
Para los 400.000 jóvenes que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires les niega educación, vivienda, salud, trabajo y proyecto de vida digno, el gobernador Scioli propone mayor represión, la “ley del merodeo”, la baja de edad de imputabilidad, vía reforma de código contravencional. En manos de esta policía confía el gobierno bonaerense llevar adelante este proyecto.
La impunidad permitió que esos genocidas libres secuestraran a Jorge Julio López que hoy, tres años y medio después, sigue desaparecido.
Hombres que visten este uniforme asesinaron a Luciano Gallo, de quien seguiremos exigiendo justicia.
La impunidad permite que estas fuerzas de seguridad sean las encargadas de criminalizar la protesta social, asesinos con licencia que cegaron la vida de Kosteki y Santillán, entre tantos compañeros caídos, y la del compañero Carlos Fuentealba.
La impunidad de ayer y la de hoy en carne viva: quienes en 1976 torturaron a Julio en el Pozo de Arana, libres e intocados por la justicia casi todos. Quienes lo desaparecieron hace tres años y medio caminan libres por las calles gozando de total impunidad.
Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año y medio para apartar a la Bonaerense de la investigación.
Dos años para que, por fin, algún funcionario judicial lea la causa completa y comience a seguir las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares.
Cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, el juez Corazza se excusa y el nuevo juez –un juez de la dictadura- aparta al secretario y otra vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad cómplices del Poder Ejecutivo.
Nosotros, hoy, en esta plaza, tal como venimos haciendo desde hace tres años y medio, seguimos marchando, seguimos luchando, seguimos denunciando.
Seguimos exigiendo al Gobierno aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga.
Como cada año, en este 24 de marzo unimos el reclamo de cárcel para los genocidas de ayer, que siguen secuestrando y desapareciendo hoy, con la demanda de la plena vigencia de los derechos de nuestro pueblo. Derechos que defendemos en su totalidad y que corren graves peligros este año en que el país está inmerso en la crisis capitalista internacional a la que se suma la crisis interna que el gobierno y las grandes patronales descargan sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Tarifazos, despidos y suspensiones son las primeras consecuencias de la dirección que se pretende imponer para salir de esta situación sin tocar a los verdaderos responsables de la crisis, que se enriquecieron durante todos estos años.
La desocupación vuelve a crecer violentamente y la única preocupación del Gobierno y de la oposición de derecha es como mantener la tasa de ganancia de los grandes empresarios.
Las cifras ridículas publicadas por el INDEC intervenido hace más de tres años, sólo sirven para simular una realidad inexistente, cuando cada día son más las familias que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, mientras por la vía de los aumentos de precios no reconocidos se transfiere la riqueza del pueblo a los bancos y a las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria.
Exigimos al gobierno el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.
Rechazamos el falso debate, pagar con reservas o ajuste, el que paga siempre es el mismo.
No se puede privilegiar la exigencia de los acredeedores externos, en vez de solucionar las necesidades imperiosas de nuestro pueblo.
El poder económico dominante pretende aplastar toda posibilidad de proyecto popular que impulse el desarrollo económico autónomo en la región.
El golpe de estado en Honduras, la ocupación militar en el sufrido pueblo haitiano, el frustrado golpe de la derecha en Bolivia, las agresiones militares hacia Venezuela y Nicaragua, tienen un común denominador, la estrecha alianza entre las oligarquías internas y el imperio norteamericano.
Diferentes métodos pero el mismo objetivo de siempre, el plan Cóndor parece tan vigente como hace cuatro décadas.
Seguimos sufriendo la agresión a nuestra soberanía en Malvinas y la explotación de los recursos naturales.
Y porque seguimos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, porque defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y de sus hijos, reclamamos:
Que la crisis la paguen las grandes patronales, los monopolios, los banqueros y los terratenientes
No al pago de la deuda externa,
No a la extranjerización y concentración de la tierra,
Nacionalización de los recursos naturales,
No a los acuerdos con el FMI, el Club de París y demás organismos internacionales de crédito.
Fuera ingleses de Malvinas
Rrepudio a la presencia del Portaviones norteamericano en Puerto Belgrano
No a la criminalización de la protesta social.
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